El auge de la energía solar en Puerto Rico está en riesgo, advierten sus defensores

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Traducción por Maria Virginia Olano

En Puerto Rico, los residentes están acudiendo a la energía solar en techos y baterías de respaldo en busca de alternativas más confiables y asequibles a la red eléctrica central. Las estaciones de bomberos, hospitales y escuelas continúan agregando sistemas de energía solar con baterías cada año, al igual que familias que cuentan con necesidades médicas urgentes y facturas de servicios públicos cada vez más costosas. La tecnología se ha convertido en nada menos que un salvavidas para el territorio estadounidense, el cual sigue plagado de apagones prolongados y eventos climáticos extremos.

Pero un desafío político por parte de una poderosa entidad gubernamental amenaza con frenar ese progreso, según los defensores locales de la energía solar y los miembros demócratas del Congreso de Estados Unidos.

El nuevo desarrollo, advierten, podría dificultar particularmente el acceso a la energía solar para las comunidades y los hogares de bajos ingresos. Puerto Rico también puede perder el impulso que necesita para alcanzar su objetivo de generar el 100 por ciento de la electricidad a partir de energías renovables para 2050.

En juego está el programa de medición neta de Puerto Rico, el cual compensa a los hogares equipados con energía solar por la electricidad que sus paneles suministran a la red.

En enero, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, demócrata, firmó un proyecto de ley que extiende la política existente de medición neta de la isla hasta el 2031, diciendo que el programa es clave para cumplir con el mandato del gobierno de ​“promover e incentivar los sistemas solares en Puerto Rico”. Pero la Junta de Supervisión y Administración Financiera (La Junta, coloquialmente) está presionando para deshacer la nueva ley, conocida como Ley 10, alegando que socava la independencia de los reguladores energéticos de la isla.

La batalla se está gestando en un momento en que el gobierno de EE. UU. está gastando más de mil millones de dólares para acelerar la adopción de energías renovables en Puerto Rico, incluida una subvención de $156.1 millones a través de la iniciativa Solar para Todos (Solar for All) que se enfoca en la energía solar a pequeña escala. El propósito de estas inversiones es reducir las emisiones de gases invernadero de las plantas de energía de combustibles fósiles de Puerto Rico y, al mismo tiempo, mantener las luces encendidas y reducir los costos de energía para los 3.2 millones de residentes de la isla.

En una carta del 17 de mayo, casi dos docenas de legisladores estadounidenses instaron a la Junta a preservar la medición neta. Entre los firmantes estaban destacados defensores de la energía limpia en el Congreso, incluyendo los Representantes Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) y Raúl M. Grijalva (D-Ariz.) y los Senadores Martin Heinrich (D-N.M.) y Edward Markey (D-Mass.).

“Cualquier intento de reducir la viabilidad económica de las baterías y la energía solar en los tejados mediante la reducción de la medición neta debe rechazarse en esta etapa crítica de la transformación del sistema energético de Puerto Rico”, escribieron los legisladores.

Hoy en día, Luma Energy, el consorcio privado que opera los sistemas de transmisión y distribución de la isla, otorga a los clientes créditos en sus facturas de servicios públicos por cada kilovatio-hora de electricidad solar que proporcionan. Esos incentivos ayudan a justificar los costos de instalar sistemas de energía solar y baterías, los cuales pueden costar alrededor de $30,000 para un sistema de tamaño promedio, según SESA.

Alrededor de 117,000 hogares y negocios en Puerto Rico estaban inscritos en la medición neta al 31 de marzo de 2024, con un total de más de 810 megavatios de capacidad, según los últimos datos públicos proporcionados por Luma.

Eso es un aumento con respecto a los más de 15,000 sistemas contando con más de 150 MW de capacidad en el sistema en 2019, el año en que Puerto Rico adoptó su meta de 100 por ciento de energías renovables bajo la Ley 17.

“Uno de los principales impulsores [de la adopción de energía solar] aquí es la búsqueda de resiliencia”, dijo Javier Rúa-Jovet, director de políticas de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento, o SESA, de Puerto Rico.

“Pero también tiene que ser económicamente viable. Y si la medición neta no está ahí, no será viable de una manera que la gente pueda pagar fácilmente”, dijo a Canary Media. Dijo que la medición neta ​“es la política principal que permite a las personas que no son ricas instalar energía solar y baterías”.

Al mismo tiempo, nuevos programas están comenzando a unir todos estos sistemas individuales de manera que puedan beneficiar a todos los usuarios de electricidad en la isla.

Por ejemplo, la compañía de energía renovable Sunrun recientemente inscribió a 1,800 de sus clientes en una ​“planta de energía virtual”, o una red de baterías cargadas con energía solar controlada de forma remota. Desde el otoño pasado, Luma ha recurrido a esa red de 15 megavatios-hora más de una docena de veces para evitar apagones en todo el sistema durante eventos de emergencia, incluidos tres días consecutivos la semana pasada.

Las energías renovables ahora representan el 12 por ciento de la generación anual de electricidad de la isla, comparado al 4 por ciento en 2021, según el análisis de SESA de los datos de Luma. Las instalaciones de energía solar y baterías a pequeña escala, asequibles gracias a las políticas de medición neta, son responsables por la gran mayoría de ese crecimiento, y deshacer esos incentivos podría hacer que el progreso se estanque, como ha sido el caso en el territorio continental de EE. UU.

La junta fiscal quiere un estudio de medición neta; los legisladores quieren esperar

Hasta hace poco, el programa de medición neta de Puerto Rico parecía a salvo de la agitación que ha afectado a otras políticas locales. Varios estados en Estados Unidos, principalmente California (el líder nacional en energía solar en techos) han tomado medidas para reducir drásticamente el valor de la energía solar en los techos, argumentando que los créditos encarecen la electricidad para otros clientes.

Antes de que el gobernador Pierluisi convirtiera la Ley 10 en ley, el Negociado de Energía de Puerto Rico tenía programado reevaluar la política de medición neta de la isla, un movimiento que los defensores de la energía solar temían resultara en incentivos más débiles.

A pesar del progreso, el territorio aún está lejos de alcanzar su objetivo a corto plazo de llegar al 40 por ciento de energías renovables para 2025, y muchos ven la energía solar en techos y las baterías como la clave para cerrar esa brecha.

Es por eso que los legisladores de Puerto Rico optaron por retrasar la revisión del Negociado y mantener los incentivos financieros existentes durante al menos siete años más. Según la nueva ley, los reguladores no pueden realizar una revisión integral de la medición neta hasta enero de 2030. Cualquier cambio no entraría en vigencia hasta el año siguiente, e incluso entonces se aplicaría solo a los nuevos clientes.

Sin embargo, en abril, la Junta de Supervisión y Administración Financiera instó al gobernador y a la legislatura a deshacer la Ley 10 y permitir que los reguladores estudien la medición neta antes. Cuando eso no sucedió, la junta apeló en una carta del 2 de mayo, amenazando con litigar para que se anule la ley.

La Junta fue creada por ley federal en 2016 para resolver la crisis fiscal que enfrenta el gobierno de Puerto Rico, que en un momento debía $74 mil millones a los tenedores de bonos. La entidad está compuesta por siete miembros designados por el presidente de los EE. UU. y un miembro ex officio designado por el gobernador de Puerto Rico. La Junta ha jugado un papel central y controvertido en la remodelación del sistema eléctrico, el cual era frágil y estaba muy mal administrado incluso antes de que el huracán María de 2017 destruyera la red casi por completo.

Según la Junta, la Ley 10 es ​“inconsistente” con un plan fiscal para reestructurar $9 mil millones en deuda de bonos adeudada por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, propiedad del estado, que obtiene el dinero para pagar su deuda vendiendo electricidad de plantas de energía a gran escala. La Ley 10 también ​“invade” la capacidad del Negociado de Energía de Puerto Rico para operar de manera independiente, ya que prohíbe que el negociado estudie y revise la medición neta en su propio cronograma.

“Puerto Rico no debe volver a una época en la que la política y no el interés público… determinaba la política energética”, escribió Robert F. Mujica, Jr., director ejecutivo de la Junta, en la carta.

Si bien la Junta dijo que ​“apoya la transición a más energía renovable”, sus miembros se oponen a la forma en que los funcionarios electos de Puerto Rico actuaron para proteger una de las políticas de energía renovable más efectivas de la isla.

En los últimos días, los defensores de la energía solar, los grupos ambientales nacionales y los legisladores demócratas de Puerto Rico y el Congreso de EE. UU. se han movilizado rápidamente para defender la extensión de la medición neta de Puerto Rico. Han dicho que los esfuerzos para deshacer la Ley 10 tienen menos que ver con defender la independencia de la oficina y más con allanar el camino para deshacer la medición neta.

“Que la junta básicamente ataque la medición neta va en contra de lo que yo entendía que era su creación: velar por el crecimiento económico de la isla”, dijo David Ortiz, director del programa de Puerto Rico para la organización sin fines de lucro Solar United Neighbors.

El sector de las energías renovables en Puerto Rico contribuye alrededor de $1.5 mil millones a la economía de la isla cada año y emplea a más de 10,000 personas, según la carta del 17 de mayo enviada por los legisladores de EE. UU.

Ortiz dijo que su organización ​“realmente cuenta con la medición neta” para apoyar su lista de proyectos en la isla. Recientemente, Solar United Neighbors abrió un centro comunitario de resiliencia en el pueblo de Cataño, que involucró la instalación de paneles solares en el techo de la iglesia católica local. La organización también ha ayudado a los residentes de tres vecindarios a unirse para negociar tarifas con descuento para sistemas de energía solar con baterías en sus hogares.

Javier Rúa-Jovet, de SESA, señaló que la medición neta ya ha sido sometida a revisión exhaustiva. Eso incluye un estudio de dos años supervisado por el Departamento de Energía de EE. UU., conocido como PR100, que analizó cómo la isla podría cumplir con sus objetivos de energía renovable. El estudio sugiere que es poco probable que la medición neta comience a aumentar las tarifas de electricidad para los clientes de servicios públicos hasta después de 2030, el año en que se prevé que el Negociado de Energía revise las reglas actuales. El hallazgo principal de PR100, que es que Puerto Rico puede llegar al 100 por ciento de energías renovables, asume que el programa actual de compensación de medición neta continúe hasta el 2050.

La junta de supervisión fiscal ha solicitado que la legislación para deshacer o enmendar la Ley 10 se promulgue a más tardar el 30 de junio, el último día de la sesión legislativa actual de Puerto Rico. Después de ese punto, la Junta dice que tomará ​“las acciones que considere necesarias”, lo cual podría resultar en otro choque sobre la medición neta en el país este verano.

Si los legisladores prestan atención a las demandas de la Junta, los defensores temen que podría ser más difícil desarrollar sistemas de energía renovable, particularmente dentro de las comunidades marginadas, las cuales ya son víctima de apagones rutinarios y reciben la mayor parte de la contaminación de las plantas de energía que queman combustibles fósiles en la isla.

“En un momento en que el gobierno federal está invirtiendo tanto dinero para ayudar a las comunidades de bajos ingresos a acceder a la energía solar, que la [Junta] por otro lado intente afectar eso simplemente no tiene sentido”, dijo Ortiz.